El pasado lunes integrantes de la delegación Punilla de la Fundación María Elba Martínez acudieron al Concejo de Representantes para participar de una reunión convocada por la comisión de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Del encuentro participaron los ediles Marcelo Cuevas (presidente de la comisión) y María Laura Orce; y el director de Defensa Civil, Roberto Giménez, además de asesores legislativos.
Durante la reunión se expresó la preocupación “ante la repetición de los casos de detenciones arbitrarias y abusos policiales que la policía de la provincia de Córdoba sigue cometiendo en Villa Carlos Paz y en las Comunas del Sur de Punilla”.
“Planteamos a los representantes la necesidad de que el municipio asuma un rol más activo en la protección de los derechos vulnerados de nuestros jóvenes. Insistimos en la necesidad de que se cree el Foro Municipal de Seguridad, contemplado en el artículo 59 de la Carta Orgánica Municipal. Sabemos que hay un proyecto presentado a tal efecto y planteamos la necesidad de que en dicho espacio se incluya también a organizaciones sociales como la nuestra que vienen planteando la necesidad de tener un abordaje integral en materia de seguridad, que implique los aspectos legales, sociales, psicológicos y culturales de esta problemática”, explicaron desde la fundación.
Desde el 1 de abril comenzó a regir en la provincia de Córdoba el Código de Convivencia –que reemplazó al cuestionado Código de Faltas-. Días antes de que esa normativa comience a aplicarse, ya se ha cuestionado su constitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia, a partir de una presentación realizada por programa de Ética y Teoría Política de la Universidad Nacional de Córdoba.
“Ante la gravedad de esta situación, solicitamos al Estado municipal que intervenga atendiendo las demandas y reclamos de los jóvenes que son víctimas del proceder policial abusivo. Entendemos que el Estado, con su estructura y recursos, puede contener de manera más efectiva a quienes se sienten vulnerados en sus derechos”, remarcaron.
En cuanto al diálogo con los concejales locales, “valoramos que se nos haya convocado para discutir las políticas de seguridad que se están llevando adelante, pero lamentamos profundamente que la mayoría de los concejales no hayan concurrido y tampoco hayan explicado las razones de su ausencia”.
“Creemos que se trata de un tema que está afectando a amplios sectores de la población juvenil, sobre todo a quienes viven en barrios populares puesto que el paradigma de ‘seguridad’ adoptado los sigue estigmatizando.
Una vez más instamos a la reflexión de quienes forman parte del gobierno municipal a iniciar y profundizar un amplio debate por la seguridad de los carlospacenses. Empecemos a fijar una nueva agenda de seguridad. Desde una perspectiva más amplia, democrática y ajustada al respeto de los derechos humanos”, concluyeron.
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