La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, acompañada de los secretarios de Seguridad, Eugenio Burzaco, y de Seguridad Interior, Gerardo Milman, y del jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia, presentó hoy los resultados del operativo “Nenes Bien”, el cual permitió la desarticulación total de una organización criminal y el secuestro de 26 motos Harley Davidson.
En un megaoperativo supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Investigación que conduce Rodrigo Bonini, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló a la compleja banda delictiva, que se dedicaba al contrabando de motocicletas Harley-Davidson, tras realizar 56 allanamientos simultáneos en la provincia de Misiones, Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
En una conferencia de prensa desarrollada en la sede de la Superintendencia de Investigaciones de la PFA, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo que el decreto firmado por la ex Presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, el cual permitía un procedimiento especial para el registro de motos: “resultó ser un modus operandi que facilitó la maniobra criminal, cuyo objetivo era el ingreso de motos de contrabando al mercado”.
“A veces pareciera que el delito sólo ronda en los barrios más humildes, pero acá hablamos de ‘nenes bien’. Con el tiempo vamos a tener nombres de famosos involucrados con esta organización, que utilizaba el aparato del Estado para realizar maniobras fraudulentas”, aseguró Bullrich.
La banda contaba con una logística muy aceitada. Estaba integrada por distintos profesionales, entre despachantes de aduana, contadores, gestores y peritos verificadores de la Policía de Buenos Aires. También incluía a “falsos testigos” y comerciantes.
El modus operandi: adquirían los rodados en el exterior y los ingresaban al país en containers que declaraban otras mercaderías; los gestores lograban la verificación policial y luego, mediante falsos testigos, se inscribían a nombre de personas ya fallecidas gracias a la flexibilidad que arrojaba el decreto 73/10. Allí se establecía que “en el caso de no contarse con la documentación del bien, la inscripción se podía llevar a cabo a través de una declaración jurada avalada por dos testigos”.
“Es una demostración de que en Argentina se va a acabar la impunidad”, manifestó el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, en relación al procedimiento. A su vez, agregó que “hablamos de una organización que consiguió el andamiaje del Estado para mentirle a los argentinos”. El funcionario sostuvo que el Ministerio de Seguridad no tiene miramientos: “aquel que cometa delitos graves y estafe al pueblo, pagará las consecuencias”, concluyó.
La investigación llevó tres años y estuvo a cargo de la División Sustracción de Automotores de la PFA. Incluyó seguimientos, filmaciones vistas fotográficas desde tierra y aire. Para esto último se contó con la colaboración del Departamento Federal de Aviación de la PFA.
El secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, por su lado, destacó el procedimiento realizado por la Policía Federal y el hecho de haber desarticulado a la banda en su totalidad, señalando que “tenemos desde los clientes, hasta los importadores, despachantes de aduana y distribuidores”, y luego agregó que “nos parece muy importante porque no termina en la cadena más débil”.
Un detalle clave para el desarrollo de la pesquisa surgió desde el último eslabón de la red criminal, ya que las motos Harley-Davidson eran comercializadas a un precio menor que el de mercado, con el objeto de desprenderse rápidamente de ellas.
En total, se incautaron 26 motos “Harley Davidson”, dos cuadros de motocicletas, cuños numéricos y alfabéticos, 120.000 dólares, 1.560 euros, documentación vinculada a las motos, autopartes adulteradas, 5 computadoras, 35 celulares, 1.000 cables usb, 4.000 auriculares, 6.000 cargadores de teléfonos, 8 perfumes importados, televisores LED, 23 tablets, 4 armas de fuego y municiones.
Durante los procedimientos se secuestraron cuatro armas de fuego y dos armas blancas. Además, a instancias del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Isidro, a cargo de la Dra. Sandra Arroyo Salgado, se decomisaron bienes electrónicos que habían ingresado al país de forma ilegal: 31 consolas Play Station, cinco televisores led, celulares, baterías y cargadores. Estos elementos explican la “mutación” de la organización tras el impedimento de seguir inscribiendo rodados a través del DN 73/10.
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