Se trata del aparente empleo de comprobantes apócrifos por parte de una contratista de obra pública a través del cual se habría evadido el pago de casi 700 mil pesos en concepto de impuesto de sellos. Actualizado, ese monto asciende a más de 1 millón setecientos mil pesos.
La Dirección General de Rentas de la Provincia (DGR) denunció penalmente a los responsables de una empresa constructora, contratista tanto de la Provincia como de la Municipalidad de Córdoba, por la presunta comisión de los delitos de falsificaciones de sellos, timbres y marcas, falsificación de documentos en general, estafas y fraude en perjuicio de la Administración Pública.
Se trata de la firma “Pablo Augusto Federico” y el caso comenzó a ser investigado en agosto de 2015 cuando la Policía Fiscal advirtió aparentes irregularidades en el pago del Impuesto de Sellos por parte de la citada firma sobre un contrato de obra suscripto en febrero de 2015 con la Municipalidad de Córdoba. El monto contratado, en esa oportunidad, ascendía a $ 15.178.913, por el cual se debería haber abonado $182.147. Si bien se advertía en el documento la imagen de un timbrado, el pago no pudo ser localizado en el sistema informático de Rentas en tanto que el Banco de Córdoba tampoco tenía registros de la operación.
El área de Auditoría y Control de la DGR citó a los responsables de la firma para que presentaran los comprobantes. Al ser consultados la hija del propietario de la firma y dos empleados, éstos dijeron desconocer quién había efectuado ese pago.
Ante la sospecha de que se podía estar frente a una maniobra defraudatoria, se revisaron los contratos firmados en los últimos dos años por la empresa tanto con la Provincia como con la Municipalidad de Córdoba. Fue así como se detectaron otros nueve contratos por los que se debían haber abonado casi $ 685.000 en concepto de impuestos de sellos, pero tampoco se encontró registro alguno de esos pagos. Sin embargo, todos esos contratos presentaban imágenes de timbrados similares al que llevó a iniciar la investigación. Un análisis técnico detallado de esos aparentes timbrados oficiales determinó la ausencia general de los elementos obligatorios de control tales como: código identificatorio alfanumérico, número y nombre de Sucursal, código de terminal de autoservicio y fecha y hora de pago.
Ante esta situación, que podría implicar una maniobra en perjuicio de la Provincia de Córdoba por un total cercano a $1.700.000, la Dirección General de Rentas denunció la presunta irregularidad ante la justicia.
Consultado el ministro de Finanzas de la Provincia, Osvaldo Giordano, dijo: “La naturaleza integral del Programa de Equidad Impositiva que lleva adelante este Ministerio, conlleva tanto mejores servicios para quienes cumple, como estas consecuencias para aquellos que intentan evadir sus responsabilidades”.
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