A los señores y señoras
Miembros del Concejo de Representantes
de la ciudad de Villa Carlos Paz
Presente
ALICIA MARIA CLÉRICO, (DNI N°11.427.258) en el carácter de Presidente del Consejo de Administración de la COOPI-COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA y JOSÉ FACUNDO IPÓLITO, (DNI N° 23.683.629), en el carácter de Secretario General del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA COOPERATIVA INTEGRAL, con el convencimiento de que el proyecto de Ordenanza propuesto por algunos de los concejales del bloque de Carlos Paz Unido (Pto. Nº146/2016: Someter a Referéndum Popular Facultativo, a la ciudadanía de Villa Carlos Paz según proyecto de Ordenanza que se transcribe como anexo I que prevé, la gestión integral del servicio de agua potable en manos del Municipio) tiene por última finalidad, despojar a la COOPI de la concesión del servicio de agua en la ciudad de Villa Carlos Paz, se dirigen a Uds. a efectos de que se sirvan evaluar al momento de decidir su voto, que en el supuesto de votar su aprobación:
1. Estarían avalando la concreción del proyecto sistemático de hostigamiento, persecución y discriminación que el intendente Esteban Avilés viene perpetrando desde antes del inicio de su gestión como tal, en contra de la Cooperativa Integral y que de vuestro conocimiento, resulta una continua y flagrante violación a los arts. 36 de la Constitución Provincial, art. 68 de la Carta Orgánica Municipal y la Constitución Nacional en lo pertinente, particularmente, a los pactos internacionales incorporados con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22).
2. Negarían intencionadamente que esta Cooperativa Integral fue creada fundamentalmente para dar solución a la grave situación del servicio de agua que no era potable, y que desde hace más de 30 años, lo presta con calidad en la ciudad y en la región. Asimismo, desconocerían que en cuanto a su prestigio como organización de la economía social y solidaria, es reconocida expresamente tanto a nivel local, provincial como nacional. Baste mencionar a modo de ejemplo que la Secretaría de Políticas Sociales, Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba destacó el accionar de esta cooperativa asegurando que “si hay un ejemplo de cooperativa en la provincia es la Coopi de Carlos Paz por su capacidad de gestión demostrada”.
3. Ignorarían que no existe motivo alguno de tipo técnico, operativo, económico, institucional y/o legal que justifique la quita del servicio por parte de la autoridad municipal, quien pretende fundar esta medida arbitraria, irrazonable y desproporcionada en generalidades que se contradicen con lo afirmado por el propio intendente y algunos funcionarios municipales quienes, en entrevistas gráficas, radiales y televisivas, reconocieron expresamente que el servicio del agua, prestado por la COOPI es bueno y que no existen objeciones a la prestación del mismo. Las generalidades que se utilizan como fundamento de la medida mencionada, colocarían al intendente en un lugar de desviación y abuso de poder, que Uds. ratificarían, toda vez que respecto de algunas de esas supuestas razones están interviniendo otros poderes de diversos niveles del Estado.
4. Pondrían en riesgo la salud pública y el turismo como actividad central de la ciudad y del desarrollo regional. No escapará a Uds. además el impacto que esto tendría en la economía regional. En expresiones de los propios funcionarios municipales se habla de tercerizar lo que hoy la Coopi hace con recursos propios y aportando al compre local. Un ejemplo de ello han sido las obras adjudicadas a empresas foráneas en vez de a la Cooperativa cuyo resultado económico financiero hubiera impactado positivamente en nuestra ciudad.
5. Convalidarían las siguientes e inevitables consecuencias:
a. La quiebra y desaparición de la COOPI y sus 53 años de trabajo en el ámbito cultural, educacional, de la salud y de la comunicación, siendo imposible la continuidad, por ejemplo, del Banco Solidario de Sangre y otros servicios además de la prestación de los servicios de agua y saneamiento que presta no sólo en Carlos Paz sino en múltiples localidades de la región, tanto por sí misma como asociada con otras entidades.
b. La confiscación del capital social de la cooperativa, del que participan cada uno de los usuarios de los diversos servicios, que al ser socios de la misma, también son sus dueños. Nos referimos a no menos de 40.000 titulares que verían confiscado su patrimonio personal, integrante del capital colectivo y social.
c. El engaño a la comunidad respecto de los dichos del intendente de que el servicio de agua de la Coopi sea el más caro y pueda el municipio prestarlo con una disminución del 25% (sin aclarar que ese porcentaje representa $39 en una tarifa básica de $158), lo cuál ha sido difundido masivamente, entre otros medios, en una publicación efectuada en un diario de tirada provincial, utilizando los dineros públicos para amplificar información inexacta. No pueden desconocer, que de la comparación con tarifas de otros prestadores del mismo rubro surge que, en realidad la de la Coopi es la más barata entre muchas. Otras tarifas básicas la superan largamente tales como: Aguas Cordobesas: $288; Ciudad y Gran Buenos Aires: $276; Villa del Lago en Carlos Paz: $247. Al respecto no pueden desconocer que el hecho de aprovechar la publicidad legítima del municipio en medios de difusión masiva, para introducir la necesidad de la municipalización del servicio de agua, resulta a todas luces un ejercicio abusivo, indebido, excesivamente oneroso y para peor, distorsivo del objeto de las partidas presupuestarias asignadas oportunamente.
d. La pérdida de la fuente de trabajo de más de 250 familias vinculadas directa o indirectamente a la cooperativa, con el deterioro y la puesta en riesgo de su calidad de vida, nada menos que en aspectos básicos alimentarios y de la salud.
e. Una privatización encubierta del servicio de agua, que tiene relación, últimamente, con que la justicia ha ordenado a la municipalidad que no puede excluir a la Coopi de las licitaciones de obras hidráulicas y que por tanto, sus ofertas se deben dejar sentadas en las actas de concursos en las que sus precios comparativamente son más ventajosos que los de otras empresas a las que se adjudican las obras, quienes, en muchos casos, carecen o tienen menos probada experiencia.
6. Producirían, a su vez, un grave perjuicio a la paz social buscando enfrentar a la sociedad en general y en particular a los trabajadores tanto de la Cooperativa como de la Municipalidad. Asimismo, los empleados que debería asumir la Municipalidad para prestar el servicio, no se podrían incorporar de manera precaria, como lo viene haciendo con más de 1.000 empleados contratados que tiene la Municipalidad de Carlos Paz, sino respetando todas y cada una de las condiciones laborales y salariales que supone el convenio vigente en la Coopi, cosa que sería imposible, al exigirse la regularización de todos los demás casos, sin un aumento exponencial de los gastos municipales y por tanto de las tasas que le impondrían pagar a los vecinos.
7. Avalarían, en consonancia con lo afirmando en el punto anterior, la falacia que contiene el proyecto, al consignar en el art. 6° de su anexo, que se mantendrían a los empleados de la Coopi que se incorporaran al municipio,… “las remuneraciones, condiciones y demás derechos laborales adquiridos bajo el imperio de la ley de contrato de trabajo”, toda vez que podría ser impugnado por nulidad esta supuesta garantía por violatoria del art. 6° de la C.O.M. En este particular ya han sido reiteradas públicamente por los representantes del STC, ante versiones inexactas y mal intencionadas que no existe acuerdo alguno y que los trabajadores de la Coopi no quieren prestar servicios para la municipalidad, lo que se ratifica por la presente y se evidencia en que a la fecha ningún trabajador se ha inscripto en el supuesto registro único de personal, que si bien no se encuentra creado, ya se ha reiteradamente publicitado en cuanto a que el decreto no derogado del D.E.M lo anunciaba.
8. Convalidarían la ilegalidad que contiene el proyecto de ordenanza, ya que, basado en el art. 196° de la C.O.M. implica un referéndum y por ende la consulta a la ciudadanía, que, en coherencia legal, debe analizarse en relación a lo que dispone el art. 194° de la misma C.O.M. Éste indica que aquello que se consultara al pueblo o sobre lo que éste tuviese iniciativa, debe contener una clara expresión y detalle de los costos y gastos que, en cada caso, implicaría para la municipalidad y por lo cual deben preverse “los recursos correspondientes para su atención” (art. 194 inc. 8 C.O.M). A su vez la falta de esta información afecta gravemente el principio republicano de la transparencia pública. Cabe referir, en este aspecto, a manera de ejemplo, que lo que propone este proyecto de ordenanza traerá aparejado costos millonarios que deberá asumir la Municipalidad para indemnizar a la COOPI y a todos los trabajadores en relación de dependencia, que no sean asumidos por el municipio. Esto implicará un importante aumento de tasas municipales para cubrir dichas mayores erogaciones y por ende altos gastos y costos innecesarios para la comunidad. Todo lo antedicho sin perjuicio de la violación, de concretarse como se plantea el proyecto del art. 134 inc. 2 de la C.O.M.
9. Causarían una crisis de poder, de no incluir en la ordenanza la derogación expresa del decreto 417/DE/2016 y su modificatorio 421/DE/2016, impugnados por la Cooperativa, en los que se pretendía viabilizar ilegalmente la quita de la concesión a la Coopi.
10. Abonarían la falacia, instalada públicamente en estos días, respecto de que las instancias de diálogo han sido agotadas. Por el contrario no han comenzado por absoluta responsabilidad del municipio, tanto del DEM, como del Consejo de Representantes que nunca convocaron institucionalmente a la Coopi para este diálogo. Nunca existieron esas instancias, pese a las innumerables iniciativas tomadas por la propia cooperativa y otros representantes de la sociedad que se ofrecieron públicamente para ser facilitadores – mediadores. En este sentido, esta cooperativa vuelve a manifestarles su vocación de diálogo y la hace expresa ofreciendo, como un nuevo gesto en esta ocasión, a pesar de su convencimiento de que la asiste la justicia y el derecho, de revisar la inclusión de la capitalización en la factura del servicio de agua, en un proceso en el que, como el intendente manifestó al inicio de su primer mandato, se estudie integralmente el costo del servicio con la participación de la Coopi, el Municipio y la Universidad Nacional de Córdoba y se defina el plan de director de obras para llegar a la tarifa justa que garantice la sustentabilidad futura del servicio. No se redunda al recordarles que esta Cooperativa ha hecho reiteradas presentaciones de planes directores que el municipio ni siquiera ha considerado.
11. Permitirían un dispendio innecesario y seguramente altamente oneroso que resultaría del gasto que conlleva la implementación, concreción y control del proceso del referéndum propuesto en el proyecto en cuestión, al que nada lo justifica y que deja en evidencia la inequidad con que se trata a la Coopi con otros prestadores de igual u otros servicios.
12. Avalarían la utilización de los recursos públicos en franca desventaja para la COOPI, de los recursos para la campaña de información que necesariamente genera el referéndum, toda vez que el intendente se encuentra en una posición, que le permite contar con una estructura de comunicación masiva oficial privilegiada que la COOPI no cuenta. Como ejemplo baste mencionar la publicación del lunes 15/08/16, a la que se hizo referencia en el punto 5.c. de la presente.
13. Serían, finalmente responsables, en conjunto con el intendente por las consecuencias que tenga esta decisión arbitraria e injusta en la ruptura de la paz social.
Sres. y Sras. Concejales, en una democracia auténtica no puede someterse a la decisión de la voluntad popular directa la arbitrariedad de quien ostenta el poder público, ni contra persona ni contra institución alguna, so pena de desfigurar el sistema democrático, convirtiéndolo en un instrumento al servicio de los peores valores contrarios al mismo: el abuso de autoridad, la irracionalidad, la posibilidad de concreción de actos corruptos sin control y la injusticia manifiesta.
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